de los Procuradores de los Tribunales
Ya a comienzos de la presente década, el Comité Europeo de Postulantes consiguió sacar a la luz uno de los primeros Códigos Deontológicos Europeos.
Ello era fruto de una fuerte corriente de responsabilidad y profesionalidad que invadía a los postulantes de los distintos países europeos, demostrando, al propio tiempo, su alianza con la sociedad actual y su modernidad.
Ese Código Deontológico Europeo obligaba, de algún modo, a todas las profesiones jurídicas que formamos parte del Comité Europeo de Postulantes. En nuestro caso, a la Procura española.
El Estado español, en el transcurso de los últimos años, tampoco fue ajeno a esta corriente, que viene recogida en distintas disposiciones legales a través del tiempo.
Se inicia con la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, continuando con la reforma de la nueva Oficina Judicial, la Ley de Sociedades Profesionales, las leyes Paraguas y Ómnibus y, finalmente, con la Ley y el Reglamento sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
En todas ellas, de algún modo u otro, se hace referencia a temas deontológicos, con el único objeto de ofrecer un servicio mejor a los ciudadanos y, al propio tiempo, hacerles a éstos partícipes de la vida de las Instituciones de la Procura, permitiéndoles interaccionar, a través de sus consultas, opiniones e, incluso, denuncias.
El Consejo General de Procuradores también tenía que hacerse eco de las voces de sus 67 Colegios y sus Consejos Autonómicos, quienes venían reclamando la elaboración de un Código Deontológico para los Procuradores.
Finalmente, y después de múltiples trabajos, liderados fundamentalmente por la Comisión de Formación de este Consejo General, así como por muchas otras personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para el buen fin de este Código, hemos conseguido que el mismo vea la luz.
Desde el agradecimiento personal e institucional a todos aquellos que, de una u otra manera, han intervenido en la elaboración de este documento, no puedo dejar pasar la oportunidad de desearle el éxito que se merece, cumpliendo los objetivos para los que ha sido diseñado y que, fundamentalmente, se reducen a dos: una mayor profesionalidad de los procuradores y mejor servicio a la ciudadanía para quien, en definitiva, todos trabajamos.
El presente Código, que contiene las Normas Deontológicas de Actuación Profesional, será de aplicación a todos los procuradores colegiados.
Sin perjuicio de los deberes establecidos en el presente Código, los procuradores estarán obligados también al más estricto cumplimiento de todas aquellas normas referentes a la profesión, contenidas tanto en el ordenamiento jurídico general como en el específico de la organización colegial.
Todos los procuradores colegiados tienen la obligación de poseer un exacto conocimiento de las presentes Normas Deontológicas de Actuación Profesional. Su ignorancia, en ningún caso podrá alegarse como excusa para el correcto cumplimiento de lo que en ellas se establece. Su infracción será objeto de sanción disciplinaria.
Todo procurador deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al servicio que se haya comprometido a realizar.
El procurador habrá de comportarse con honradez y veracidad en todas sus actuaciones profesionales.
El procurador cumplirá con las obligaciones profesionales mientras no sea relevado, sustituido o haya comunicado su renuncia en la forma que legalmente proceda.
El procurador deberá mantener y salvaguardar siempre su independencia de criterio en su actuación profesional, rechazando las injerencias o presiones que pudiera recibir, así como las instrucciones contrarias al cumplimiento de sus obligaciones profesionales, pudiendo recabar a tal efecto el amparo del Colegio correspondiente.
Le estará absolutamente prohibido a todo procurador procurarse trabajo profesional mediante comisiones u otras ventajas análogas ilícitas que pudiera conceder u obtener de terceras personas.
Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con los intervinientes en el proceso hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo colegial. Esta obligación alcanza también a los hechos de los que haya tenido conocimiento como procurador asociado o colaborador de otro compañero.
El procurador estará obligado a acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.
Ningún procurador podrá encubrir con su actuación o con su firma comportamiento ilegal o contrario a los deberes profesionales de otros compañeros y se abstendrá de amparar bajo su firma intervenciones profesionales de quienes no estén debidamente legitimados para el ejercicio de la profesión, así como prácticas de intrusismo profesional realizadas por quienes no tengan la condición de procuradores. Se considerará como intruso cualquier persona física o jurídica que, sin reunir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de procurador, actúe en trabajos propios de éste.
El Procurador no podrá delegar o ceder sus deberes profesionales en subordinados o en otros profesionales, siempre y cuando tal transferencia comporte el ejercicio de funciones no previstas en el ordenamiento jurídico.
El procurador viene obligado a percibir los derechos que le correspondan por el desarrollo de su actividad profesional con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel.
Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales de la misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente. El ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales es incompatible con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado.
En los supuestos de ejercicio colectivo, las incompatibilidades de cualquiera de sus miembros integrantes se extienden al conjunto de todos ellos y a sus colaboradores.
Ningún procurador podrá aceptar encargo alguno en condiciones de conflicto de intereses. Se entiende que se produce dicha situación cuando exista colisión de derechos o intereses que puedan colocar al procurador en una posición equívoca, que entrañe un riesgo para su independencia o su rectitud. El ejercicio de la profesión por quien estuviere en situación de conflicto de intereses se considerará especialmente falta profesional, sin perjuicio de las actuaciones legales procedentes.
El Procurador solo podrá encargarse de un asunto por mandato de su representado o como consecuencia de designación colegial.
El procurador tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, sin necesidad de justificar su decisión. También podrá renunciar libremente a la representación aceptada en cualquier fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales. Dicha libertad se entiende sin perjuicio de la obligación de cumplir las designaciones colegiales para la prestación de los servicios de representación gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras de los servicios, en los estatutos y en las normas corporativas.
La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición, no pudiendo en ningún caso retenerla, menos aún bajo pretexto de tener pendiente cobro de cantidad alguna por derechos o suplidos. No obstante, podrá conservar copias de la misma. El procurador que cese en la representación está obligado a entregar al cliente la documentación que obre en su poder.
El procurador ofrecerá al cliente sus conocimientos y su experiencia, la dedicación necesaria para el estudio y buena realización de los trabajos que se le encarguen, así como las indicaciones y consejos que puedan ser necesarios para la mejor realización de los mismos.
El procurador está obligado a informar al cliente de sus actuaciones profesionales, empleando para ello un lenguaje claro y comprensible, así como tenerle al corriente de las resoluciones judiciales cuando según su criterio técnico fuera necesario.
El procurador informará a los destinatarios de sus servicios, antes de la celebración del contrato o, en su caso, antes de la prestación del servicio, de forma clara e inequívoca, del coste estimado de su intervención y la forma de pago, siempre y cuando así se le solicite.
Cuando el destinatario lo solicitara, el procurador pondrá a su disposición un presupuesto suficientemente detallado. Para ello podrá utilizar los formularios de nota de encargo elaborados por el Colegio.
El procurador está obligado a rendir cuentas al cliente de los servicios prestados, con especificación de las cantidades percibidas de éste y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados, con mención expresa del artículo aplicado del arancel de derechos vigente.
Todo procurador tiene la obligación de relacionarse con sus compañeros con lealtad y rectitud. Deberá abstenerse de cualquier intento de suplantar a sus compañeros, evitando toda forma irregular de obtención de trabajos, tanto mediante cualquier tipo de presiones, como actuando con competencia desleal o prevaliéndose de la situación que pueda ostentar en virtud del puesto o cargo que ocupare.
Todo procurador deberá ser objetivo en sus críticas a las actuaciones profesionales de sus colegas y aceptar las críticas que con la misma objetividad aquéllos hagan a las suyas.
El procurador deberá tener un trato correcto con sus compañeros, y por extensión con sus representados, debiendo abstenerse de hacer manifestaciones que resulten personalmente ofensivas para aquellos o para la profesión.
Estará obligado, sin embargo, a poner en conocimiento del Colegio cualquier infracción de los deberes profesionales de la que tenga noticia.
El procurador que cese en la representación deberá facilitar al nuevo procurador la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.
Los Procuradores, en el ejercicio de la profesión, deberán prestar desinteresadamente orientación y consejo a los colegiados de reciente incorporación que lo soliciten. Éstos podrán pedir consejo y orientación a los Procuradores experimentados, en la medida precisa para poder realizar su actuación profesional.
Todo procurador deberá contribuir lealmente con sus conocimientos y experiencia al intercambio de información con otros profesionales del derecho que puedan intervenir, al objeto de obtener en todo momento la máxima eficacia en el trabajo conjunto.
El Procurador ha de mantener una total independencia en el desarrollo de su actividad profesional respecto del Abogado. El Procurador tendrá una relación de mutua colaboración y entendimiento con el Abogado, cumpliendo respecto del mismo las obligaciones que le impongan las leyes procesales. El Procurador no podrá aceptar en ningún caso instrucciones del Abogado que sean contrarias al cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, en atención a los términos utilizados por el letrado director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá anteponer a su firma la expresión «al solo efecto de representación».
El Procurador, como colaborador insustituible de la Administración de Justicia, debe actuar con lealtad, probidad y veracidad en el cumplimiento de sus fines.
El Procurador debe guardar respeto, y velar por el mismo, a todos cuantos intervienen en la administración de justicia, exigiendo a la vez el mismo y recíproco respeto para con él.
El Procurador, en su ejercicio profesional, tiene la obligación de cumplir el principio de legalidad, contribuyendo a la diligente tramitación de los procedimientos.
El Procurador debe comunicar, con la debida antelación, al Juzgado o Tribunal la imposibilidad de cumplir cualquier actuación que tuviera encomendada.
Todo procurador, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, puedan corresponderle, estará obligado a observar las disposiciones generales y acuerdos o resoluciones que emanen del Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en las normas estatutarias correspondientes.
El procurador viene obligado a satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, los servicios colegiales de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.
El procurador estará obligado a aportar directamente, con la debida prontitud, todos los datos, documentos o informes que se le pidan y de los que él tenga noticia por el ejercicio de su profesión, a fin de facilitar las funciones propias de los diferentes órganos del Colegio.
Los procuradores deberán participar adecuadamente y en la forma determinada en las normas estatutarias en las tareas y actividades colegiales.
Los cargos directivos del Colegio deberán cumplir las obligaciones inherentes al puesto que ocupan con la debida dedicación e independencia de criterio.
Todo procurador deberá respeto y lealtad a los miembros de los órganos de gobierno del Colegio y del Consejo, autonómico o general, en atención a la representación que ostentan y al servicio que prestan.